Torre Eiffel al atardecer
Francia adopta medidas extremas para combatir el terrorismo en su territorio

En respuesta a los seis atentados ocurridos el viernes por la noche en París que acabaron con las vidas de 129 personas e hirieron a 352, el gobierno francés probablemente reforzará su estrategia para supervisar los movimientos y las comunicaciones de toda persona que se encuentre entre sus fronteras.

Los atentados de París ocurrieron pocos meses después de que los legisladores del país aprobaran una nueva ley de vigilancia que le otorga al gobierno amplios poderes para monitorizar de cerca los teléfonos móviles y las comunicaciones de internet de los ciudadanos franceses.

La ley fue aprobada en el mes de mayo por el Parlamento francés en respuesta a los ataques ocurridos en la sede de Charlie Hebdo, y permite la monitorización de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de todos aquellos sospechosos de tener conexiones con el terrorismo sin necesitar la previa autorización de un juez.

La ley obliga a los proveedores de servicios de Internet a instalar unas “cajas negras” diseñadas para analizar metadatos en los navegadores web, así como monitorizar los hábitos generales de millones de internautas, con el fin de entregar todas las informaciones a las agencias de inteligencia.

En algunos casos excepcionales, la ley permite a las agencias de inteligencia desplegar unos programas de escucha telefónica denominados “ISMI catchers”, que están diseñados para duplicar a las torres de telefonía y son capaces de interceptar y grabar las comunicaciones de los móviles en un rango dado. Además, también permiten rastrear los movimientos de las personas que tienen dichos teléfonos encima.

Finalmente, la ley permite a las agencias gubernamentales acceder a las casas de los presuntos terroristas con el fin de plantar micrófonos, cámaras de vigilancia o registradores de teclas en sus ordenadores para captar cada golpe de teclado y ratón que realizan.

Aunque algunos críticos aseguran que los términos de esta ley son un poco vagos e incluso podría utilizarse en “intereses de política exterior” aparte de la lucha contra el terrorismo, la realidad es que esta ley es necesaria cuando la amenaza de atentados es tan inminente.

Las operaciones de vigilancia son supervisadas por un comité de nueve personas dirigido por el primer ministro Manuel Valls. Pero los miembros de ese comité sólo actúan como consejeros y no pueden anular las decisiones del primer ministro.

Fuente: Recode

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